La crítica situación penitenciaria de Venezuela vive, desde el domingo 25 de septiembre, un nuevo episodio que desnuda las carencias del sistema. Ese día, los presos de Uribana impidieron que los familiares que habían asistido a las visitas dejen el penal, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades para que atiendan sus demandas.

Los reportes de la cantidad de "secuestrados" varían de acuerdo a los medios: mientras algunos sitios de noticias locales hablan de unos pocos cientos, otros indican que serían más de 1.750; las agencias internacionales, como es el caso de EFE, cifraron el número en 1.500.

Otra de las informaciones que presentan posturas contradictorias refiere a la voluntad de esos rehenes, ya que algunos informes advierten que están allí en apoyo a los reos y otros aseguran que no se les permite salir. De hecho, el director de la cárcel, Reinaldo Rangel, aseguró el lunes que la protesta "no tiene sentido" e hizo un "llamado a los familiares de la población penal a entender" que necesitan "que desistan de esa situación", palabras -recogidas por Radio Unión- con las que dio por entendida la intención de los familiares de permanecer allí.

Pero la situación tomó ribetes políticos este martes, cuando Iris Varela, titular del flamante Ministerio para el Servicio Penitenciario, acusó directamente al gobernador de Lara, el opositor Henry Falcón, de "meter la mano" para alentar el caos. "Nosotros no andamos chupándonos el dedo" y "sabemos que hay intereses políticos" en esa y otras protestas, dijo.

Varela afirmó que su ministerio trabaja para solucionar el conflicto, pero advirtió que ella no se hará presente en el penal hasta que los reos no desistan de continuar con la medida. "Yo voy a ir, pero mientras mantengan a sus propios familiares privados de libertad, cometiendo un delito, yo no voy a ir; entiendan que aquí hay una autoridad que no está jugando, sino que está tratando de que las cosas se resuelvan", explicó.

El presidente Hugo Chávez creó ese ministerio el pasado 26 de julio, inmediatamente después de la crisis más larga y masiva del sistema carcelario nacional en el complejo El Rodeo, a unos 50 km de Caracas, donde durante casi un mes un millar de presos resistió con el uso de armas de fuego a un masivo cerco militar. El gobierno trata de poner así fin a la crisis provocada por el hacinamiento y el retraso procesal en los 34 penales, que con una capacidad para unos 14.500 presos albergan a 44.520 y son escenario de continuos enfrentamientos entre bandas y de todo tipo de delitos