Una fuente del Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela dijo a la agencia EFE que los familiares empezaron a abandonar el internado judicial en la noche del martes. Sin embargo, no pudo precisar las razones por las que un gran número de parientes, alrededor de 500, se resisten a salir de la cárcel. "No sabemos qué pasó después de que todo fuera bien", manifestó.

Los "autosecuestrados" llegaron a la prisión el domingo 25 de septiembre, día habilitado para las visitas. Pero cuando debían abandonar el lugar, decidieron que se quedarían allí para engrosar la protesta de los reos, quienes desde hace semanas exigen a las autoridades celeridad en sus procesos judiciales y mejoras en las condiciones del penal, en donde aseguran que están hacinados.  

Iris Varela, titular del flamante Ministerio para el Servicio Penitenciario, pidió el martes el cese de la medida y se negó a ir personalmente hasta el lugar para comenzar una negociación en tanto los presos no liberasen a sus familiares, a quienes llamó "secuestrados". 

Las informaciones sobre la voluntad de los parientes había sido hasta ahora contradictoria: algunos informes advertían que estaban allí en apoyo a los reos y otros aseguraban que no se les permitía salir. Este miércoles, EFE comprobó que habían decidido sumarse a la protesta.

La ministra Varela acusó, por otro lado, a Henry Falcón, gobernador del estado de Lara (donde se encuentra la cárcel), de alentar la medida para perjudicar la imagen del gobierno de Hugo Chávez. El opositor negó las inculpaciones a través de su cuenta de Twitter.  

De acuerdo al diario El Universal, varios de los familiares que dejaron Uribana presentaron problemas de salud como deshidratación o hipertensión y debieron ser atendidos en las puertas del penal.   

Chávez creó la cartera para el Servicio Penitenciario el pasado 26 de julio, tras superarse la crisis más larga del sistema carcelario nacional en el complejo penitenciario El Rodeo, donde durante casi un mes un millar de presos resistió con el uso de armas de fuego a un masivo cerco militar.

El gobierno trata de poner así fin a la crisis provocada por el hacinamiento y el retraso procesal en las 34 cárceles del sistema penitenciario, que con una capacidad para unos 14.500 presos albergan a 44.520 y son escenario de continuos enfrentamientos entre bandas y de todo tipo de delitos.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó 476 muertes y 958 heridos en las cárceles del país durante 2010.